“Se hizo una propuesta a la familia Soria-Díaz, la cual están evaluando”

La directora de Habitad del Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda, Viviana Caballero, y el abogado León Obregón, de la familia Soria-Díaz, brindaron detalles en el programa radial “El Diario de Amir” a la situación en la cual se encuentra el conflicto, donde se había denunciado la usurpación de la casa y el accionar del IDUV.

En diálogo con FM El Portal, Caballero señaló el procedimiento tenía que ver con esperar los tiempos administrativos y legales para la presentación de la información que permita regularizar o no la ocupación habitacional: “Trabajamos desde el área legal, con para estudiar cuales fueron las razones que llevaron a esta instancia donde nos encontramos”, manifestó.

“Me reuní con el doctor Obregón para contarle cuales son las situaciones que habíamos advertido. El proceso de desadjudicación es una práctica del IDUV frente a estos hechos que suceden, pero el diálogo sigue abierto para ver cómo resolver esto. Pudimos advertir la buena predisposición del doctor para presentar la información y abrir este canal de comunicación”, indicó.

Por su parte, Obregón repasó cuándo empezaron los inconvenientes: “La señora Gabriela Díaz y sus hijos están derivados por una cuestión de salud en Mendoza, y Carlos Soria está trabajando en las represas de Río Gallegos. Los días que tiene de franco, él elegía viajar directamente a Mendoza. Desde que la familia había tomado conocimiento de que se les había cambiado la cerradura de su casa y que había gente dentro de la misma, hicimos una investigación desde nuestro estudio”, afirmó.

“Cuando intervenimos, nos dimos cuenta que había un proceso de desadjudicación contra la familia. Consideramos que el procedimiento tenía algunos vicios, instamos las acciones civiles y penales, hasta el día de hoy todo sigue judicializado. Independientemente de ello, en los últimos días surgió la generación de un espacio de diálogo directo con los responsables de IDUV en Río Gallegos y pudimos empezar a discutir, más allá de las cuestiones técnicas y jurídicas, pudimos acercar a las partes, conocer cuáles son los argumentos”, detalló. 

“Uno de los problemas que generó la confusión que todos conocemos es que no hay una presencia del instituto en Río Turbio y depende de distintas dirigencias. Hoy estamos trabajando para ver si podemos resolver esto de forma extrajudicial. Queremos que se solucione la situación habitacional. El IDUV dijo que va a poner la cuestión social de la familia y tratarán de resolver en este sentido”, enfatizó.

En este sentido, Viviana aclaró qué significa la figura de “Tenencia Precaria”: “Hay localidades donde se hace uso de la figura de un efector de las resoluciones que el Instituto toma con respecto a las viviendas. Lo inmediato es ver quién va a custodiar esa unidad habitacional hasta que se determina el nuevo destino familiar, que eso implica procesos administrativos que involucran otras áreas”, indicó.

“La figura de la tenencia precaria es el custodio necesario para que la vivienda no tenga otro fin que no sea el de una nueva familia, es importante aclarar que no es una adjudicación, son autorizaciones de forma. Una vez que se desadjudicó, se eligió a una persona que había acompañando en distintos procesos de trabajo. Fue el primer acercamiento a la unidad habitacional en pos de la dificultad de tomar contacto con el grupo familiar. El 1 de septiembre se abrieron los canales de diálogo y hablamos de varias cuestiones”, afirmó.

“Dentro de las razones para desadjudicar a una familia existen el no pago de una vivienda con regularidad, ya que el instituto tiene un sistema de financiación abierto y que analiza las cuestiones sociales, también se conceden permisos para que los responsables no habiten la casa pero para eso y dejar un encargado hay que notificarlo, pueden ser por cuestiones laborales, de salud, entre otras. Las viviendas se entregan bajo el cumplimiento de obligaciones y responsabilidades”, sentenció.

Asimismo,  el doctor Obregón recalcó que, de parte de la familia, nunca estuvo la intención de dejar la casa: “Eso lo pudimos acreditar en la sede del IDUV. Se dejó por una situación de salud, no pudieron retornar a su domicilio, por lo cual quedaron los abuelos de los niños para controlar la casa. La situación de un cambio de cerradura intempestiva fue lo primero que les llega a la familia, de esa forma se enteran de una desadjudicación”, expuso.

“Lo que se está poniendo en foco es el acercamiento de nuestro estudio al IDUV, y tratamos de resolverlo  de manera extrajudicial. Se hizo una propuesta a la familia, la cual están evaluando. Hoy tenemos la posibilidad de que se resuelva este tema. Esperamos que se llegue a un buen puerto”, explicó.

Por su parte, Carabajal recalcó que “las notificaciones existen”: “Al no estar la familia en la unidad habitacional no pudo hacerse la misma y toman conocimiento cuando ya existe la instancia de una toma de posesión de la vivienda. Es una cuestión de práctica, hay temas más importantes que una notificación. La desadjudicación está consumada porque existe un procedimiento legal para poder realizarlo”, indicó.

“El procedimiento permitió que nos podamos acercar y le permitamos a una familia, que está en una situación de irregularidad, que pueda recusar la misma, que solicite una representación, que manifieste su deseo de volver a la localidad, todo fue tenido en cuenta”, manifestó.

También dijo que hay antecedentes de este hecho en Santa Cruz: “Todas las familias tienen la posibilidad de manifestar el porqué de los incumplimientos frente a una desadjudicación. Se establece un periodo de 10 días. Aquellos que tengan la intención, pruebas y voluntad de regularizar, se va a regularizar. Se puede dar la readjudicación o bien la adjudicación a otro grupo familiar”, afirmó.

“Estamos trabajando en este momento es que el grupo familiar pueda presentar la documentación pertinente y que pueda establecer un plazo de cumplimiento para que podamos readjudicar la vivienda, teniendo en cuenta la realidad social de la misma. El destino de la unidad habitacional es que se mantenga en custodia hasta que se generen los acuerdos legales necesarios para definir quién va a ser el responsable de ocupación”, subrayó.

“La desadjudicación es un hecho, pero estamos viendo que en el proceso de selección de grupo familiar se tenga presente a la familia Soria. Esto implica nueva tasación, nuevo sistema de financiación del valor de la vivienda, ocupación efectiva y permanente o presentación de documentación de ausentamiento autorizado”, culminó.