La investigación de los audios de las coimas que lleva adelante la Justicia, abrió varias líneas investigativas acerca de los dineros que se habrían movilizado desde varias firmas privadas, una de ellas la Suizo Argentina. En dicho marco, se investigan prestadores y prestaciones de algunas empresas, así como gobiernos provinciales que aparecieron en diversas listas en razón de pagos efectuados.
En un año y medio, según figuran en los asientos contables, la provincia multiplicó varias veces la facturación a la droguería Suizo Argentina, investigada por el esquema de sobornos para Karina Milei.
“Estamos frente a un escándalo. Mientras les echaban la culpa a los municipios de haber tenido que recortar el vademécum, ellos se estaban llevando la plata de las personas enfermas, de los discapacitados de los jubilados”, indicó este lunes la secretaria de Gobierno de Río Gallegos, Sara Delgado.
Además, recordó que en la gestión de Alicia Kirchner, la Caja de Servicios Sociales trabajaba con varias droguerías, entre las que se encontraban las tres más importantes: Suizo Argentina, Meta y Nucleofarma. Las últimas dos, están hoy en juicio con Santa Cruz por el cese de pagos.
“Entre marzo de 2024 y agosto de este año facturaron por arriba de los $30 mil millones, casi lo mismo que la Provincia de Buenos Aires, siendo que la CSS tiene 67.500 afiliados y en Buenos Aires viven más de 17 millones de personas. Los actores fundamentales para que la droguería pudiera quedase como el único proveedor fueron el presidente de la CSS, Sergio Pérez Soruco y el vocal por el Ejecutivo, Hernán Kustich, que viene del sindicato petrolero e integra una de las ternas para el Tribunal Superior de Justicia", aseguró la funcionaria municipal.
El 6 de septiembre pasado, el diario Clarín publicó una nota en la que se da a conocer que la administración de Santa Cruz es una de las principales compradoras de la Suizo, y que el volumen de adquisición y pagos no tiene correlato con la cantidad de afiliados de la Caja de Servicios Sociales ni del sistema hospitalario de Santa Cruz.
El caso está en manos del juez federal Sebastián Casanello, el mismo de la llamada “causa Vialidad” que condenó a Cristina Fernández. Se busca saber si existió un direccionamiento de compra a favor de la Suizo Argentina, si hubo sobreprecios y si, en efecto, existió una red de sobornos que, desde la provincia y organismos nacionales llega hasta la hermana del presidente.
Fuente: Tiempo Sur.
