Amir Navarro
El abogado laboralista León Obregón expresó su preocupación por el desarrollo del concurso destinado a cubrir el cargo de Juez de Instrucción Penal de Río Turbio y respaldó el planteo realizado por el Colegio Público de la Abogacía de Santa Cruz, que reclamó mayor transparencia y acceso a la información durante el proceso de selección.
Obregón sostuvo que lo que ocurre con el concurso “no es un problema solamente de abogados”, sino una situación que debería involucrar a toda la comunidad, debido a la relevancia que tiene el cargo que se encuentra en proceso de definición.
El letrado señaló que el Colegio Público de la Abogacía de Santa Cruz manifestó formalmente su preocupación por la manera en que se viene desarrollando el concurso y reclamó, entre otros puntos, mayor transparencia, acceso a la información, fundamentación de las calificaciones y una revisión del sistema utilizado para las entrevistas personales.
“Cuando hablamos de elegir un juez penal estamos hablando de una de las funciones más sensibles del Estado”, remarcó Obregón, quien destacó que quien ocupe ese cargo deberá tomar decisiones vinculadas con la libertad de las personas, investigar delitos y garantizar la aplicación de la ley.
En ese sentido, consideró que un concurso público destinado a seleccionar magistrados no debería estar atravesado por sospechas de discrecionalidad o posibles favoritismos entre postulantes.
Obregón vinculó la importancia del proceso con la realidad de Río Turbio y de toda la Cuenca Carbonífera, donde, según planteó, existe desde hace años un reclamo de los vecinos por una Justicia independiente, cercana y capaz de generar confianza.
Al mismo tiempo, expresó su respeto por los profesionales que participaron del concurso, especialmente por aquellos que provienen del ejercicio de la abogacía y litigan cotidianamente.
“Ellos también merecían atravesar un concurso transparente, objetivo e imparcial”, sostuvo, al advertir que las dudas que puedan existir sobre el procedimiento terminan afectando también a quienes se presentaron legítimamente para ocupar el cargo.
Desde su experiencia como abogado litigante, Obregón destacó además el aporte que puede realizar a la magistratura un profesional que conozca de manera directa la realidad de los tribunales, los tiempos de los procesos judiciales y las dificultades que atraviesan las personas que recurren a la Justicia en busca de respuestas.
El abogado también puso el foco en las próximas instancias del proceso y en la responsabilidad que tendrán los representantes políticos.
Recordó que el Consejo de la Magistratura será el encargado de confeccionar el orden de mérito y elevar la correspondiente terna al gobernador, para luego avanzar hacia la instancia política de propuesta y acuerdo legislativo.
En este punto, Obregón sostuvo que los diputados provinciales tendrán “la enorme responsabilidad de preguntar, controlar y no mirar para otro lado” cuando llegue el momento de analizar los pliegos.
La referencia alcanza especialmente a los legisladores que representan a la Cuenca Carbonífera, quienes tendrán un papel central al momento de evaluar la designación de quien quedará al frente de uno de los cargos judiciales de mayor sensibilidad para la comunidad.
Finalmente, el abogado consideró que el reclamo debería servir no solamente para esclarecer las dudas planteadas sobre el actual concurso, sino también para introducir mejoras en futuros procesos de selección.
“Cuanto más importante sea el cargo, mayor tiene que ser la transparencia”, afirmó Obregón, y concluyó: “Elegir bien a nuestros jueces también es defender los derechos de los ciudadanos”.
