Amir Navarro
La diputada nacional Ana María Ianni dialogó con FM El Portal sobre la agenda legislativa, las consecuencias de las políticas del Gobierno nacional y la situación de Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT).
Entre los principales temas, insistió en la necesidad de derogar el decreto 70/23, al considerar que afectó derechos vinculados al acceso a la salud, los alquileres, la regulación de las tasas de interés y la protección de las tierras argentinas.
En ese sentido, señaló que la oposición buscaba avanzar con el tratamiento de iniciativas para frenar el endeudamiento de las familias y abordar la emergencia en discapacidad. También defendió la vigencia de la Ley de Tierras y cuestionó el fallo judicial que había desconocido la legitimidad de veteranos de Malvinas y otras organizaciones para reclamar contra su derogación.
Ianni advirtió sobre la falta de información oficial respecto del proceso de privatización de YCRT y denunció que los legisladores no cuentan con documentación suficiente para conocer las propuestas presentadas por posibles interesados.
Como integrante de la Comisión Bicameral de Seguimiento de Privatizaciones, explicó que se realizaron pedidos de información y presentaciones judiciales para intentar frenar los procesos y garantizar su control. Además, alertó que el presupuesto previsto para la empresa contempla principalmente el pago de salarios de trabajadores activos y pasivos, sin inversiones suficientes para equipamiento, indumentaria, seguridad y otras necesidades operativas.
La legisladora sostuvo que resulta fundamental conocer el futuro de la empresa y garantizar las condiciones necesarias para su funcionamiento.
Al referirse al accidente ferroviario ocurrido durante las operaciones de YCRT, Ianni indicó que su primera preocupación fue conocer el estado de salud de los trabajadores involucrados. Si bien reconoció que la situación debía investigarse, cuestionó el uso político del episodio y pidió que se esclarezcan los hechos por las vías correspondientes: “Si hay evidencias de que esto pudo haber sido algo provocado, me parece que hay que hacer que la investigación sea de la forma legal y correspondiente”, sostuvo.
Asimismo, remarcó que la investigación debía determinar las responsabilidades y advirtió que el episodio puso en riesgo tanto el patrimonio del Estado como la vida de los trabajadores.
Por último, Ianni se refirió a las versiones que la vinculaban con una eventual candidatura a la Gobernación de Santa Cruz en 2027 y a las especulaciones sobre una posible salida del bloque de Unión por la Patria.
Respecto de una supuesta candidatura impulsada por Cristina Fernández de Kirchner, señaló que se enteró de esa versión a través de publicaciones en redes sociales y la consideró una operación política. También explicó que había mantenido diferencias con el diputado Juan Carlos Molina y que existía un mandato político del PJ de El Calafate para no compartir un bloque con él. Sin embargo, aclaró que continuaba desarrollando su labor legislativa y participando en la Comisión Bicameral de Seguimiento de Privatizaciones.
Finalmente, consideró que el debate político debía concentrarse en los problemas que afectan a la población y en la definición del sistema electoral que regirá en Santa Cruz, antes de avanzar con especulaciones sobre candidaturas para 2027.
