El presidente Javier Milei envió en la tarde del miércoles a la Cámara de Diputados el proyecto de "Ley de Bases y Puntos de Partida para La Libertad de los Argentinos".
El mandatario le pide al Congreso declarar la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, previsional, de seguridad, defensa, tarifaria, energética, sanitaria, administrativa y social hasta el 31 de diciembre de 2025, la cual podrá ser prorrogada por el Poder Ejecutivo nacional por el plazo máximo de dos años.
El texto, de 664 artículos desplegados a lo largo de 351 páginas, contiene una amplia reforma electoral, cambios impositivos, un blanqueo y más límites a las manifestaciones, entre otras iniciativas que no fueron parte del DNU porque las temáticas deben pasar por el Parlamento. Además, se suspende la aplicación de la fórmula para actualizar los haberes y se habilita a imponer sanciones a la protesta, entre otras medidas.
Así, en línea con el decreto que daba el primer paso fuerte en busca de la "desregulación" de amplios sectores de la economía y autorizaba la venta de empresas estatales, este proyecto incluye en uno de los anexos el listado completo de las 41 compañías que buscarán privatizar.
Pasadas las 15:00, el ministro del Interior, Guillermo Francos, fue el encargado de hacerle entrega en mano, de forma simbólica, del proyecto al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.
Entre las empresas que se buscan privatizar se encuentra Yacimiento Carbonífero Río Turbio. Además, están YPF, Aerolíneas Argentinas, Radio y Televisión Argentina Sociedad del Estado, Correo Argentino, entre otras.
