El abogado laboralista, Doctor León Obregón, se refirió en el programa radial "El Diario de la Mañana" al reciente Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 340/2025 firmado por el presidente Javier Milei. Según explicó el letrado, la norma representa una grave afectación al derecho a huelga y una peligrosa concentración de poder en el Ejecutivo, al imponer cambios profundos en la legislación laboral sin debate parlamentario.

En diálogo con FM El Portal, Obregón manifestó: “Este DNU no solo modifica más de tres leyes, sino que impone un nuevo sistema de relaciones laborales y sindicales sin escuchar a nadie. Ni sindicatos, ni legisladores, ni trabajadores han tenido voz en esta reforma”.

El decreto, que a simple vista aparece como una reforma al régimen naviero-comercial, incluye en su interior modificaciones sustanciales que impactan de lleno en el derecho a huelga, al ampliar el concepto de “servicio esencial” y establecer la obligación de garantizar un 75% de actividad durante cualquier medida de fuerza en esos sectores.

“El título del decreto habla del sector marítimo comercial, pero cuando uno lo lee en profundidad se encuentra con un cambio que afecta a todos los trabajadores, públicos y privados”, advirtió el abogado.

Además, Obregón remarcó que el Ejecutivo está utilizando una supuesta “emergencia” en el sector naviero como excusa para avanzar con una reforma laboral de facto. “Esto va en contra de la Constitución Nacional y de tratados internacionales. Se está intentando eliminar un derecho humano básico: la protesta”.

Entre los nuevos sectores considerados “esenciales” se incluirían educación, salud, minería y transporte, lo cual implicaría que en caso de paro, las organizaciones sindicales deben garantizar el funcionamiento del 75% del servicio, un requisito que hasta ahora no existía en esos rubros. “Antes esto se negociaba caso por caso. Ahora el Estado impone unilateralmente el porcentaje, lo que es claramente inconstitucional”, aseguró.

En cuanto a las posibles respuestas sindicales, Obregón señaló que ya hay organizaciones como la CGT que anunciaron su decisión de acudir a la Justicia para cuestionar la constitucionalidad del decreto, como ya lo hicieron con el DNU 70/2023. “Este DNU va a ser judicializado. No puede ser que con el pretexto de proteger la marina mercante, se le quite a los trabajadores el derecho a protestar”, subrayó.

Finalmente, el abogado calificó la medida como parte de un “modelo que le da poder absoluto a los empleadores” y llamó a estar alerta: “Estamos ante una avanzada autoritaria en el plano laboral. Esto no es una reforma técnica, es un cambio estructural que busca desarticular la capacidad de organización del movimiento obrero”.