Amir Navarro
La Asociación Docentes de Santa Cruz (ADOSAC) resolvió profundizar su plan de lucha con un paro total de actividades por 96 horas para los días martes 26, miércoles 27, jueves 28 y viernes 29 de mayo, en reclamo de mejoras salariales, estabilidad laboral y condiciones dignas para el sector educativo.
La medida fue definida durante el Congreso Extraordinario realizado este viernes, luego de evaluar el resultado de la audiencia de Conciliación Obligatoria. Desde el gremio consideraron insuficientes las respuestas brindadas por el Ejecutivo provincial y calificaron la postura oficial como “extorsiva”.
En ese marco, ADOSAC también cuestionó el rol del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, al que acusó de actuar “de manera incongruente” en su función de árbitro por formar parte de la patronal estatal.
El sindicato ratificó además su continuidad dentro del Frente Sindical y reiteró una serie de reclamos considerados prioritarios en la subcomisión laboral. Entre ellos, exigieron la convocatoria a una paritaria salarial con una propuesta concreta que permita a los trabajadores de la educación superar la línea de pobreza.
Asimismo, reclamaron la puesta en marcha de un cronograma inmediato para debatir el proyecto pedagógico impulsado por la docencia y solicitaron una fecha de devolución de los descuentos salariales aplicados desde diciembre de 2025 a los docentes que participaron de medidas de fuerza.
Por otra parte, la Comisión Directiva Provincial del gremio expresó un fuerte rechazo a las “amenazas” emitidas por el Consejo Provincial de Educación (CPE), al recordar que el derecho a huelga se encuentra garantizado constitucionalmente.
En ese sentido, apuntaron contra la presidenta del organismo, Iris Rasgido, denunciando la baja de cargos y horas de docentes que se encontraban realizando tareas pasivas por razones de salud. También repudiaron la actuación de supervisores y directivos que habrían dado de baja a docentes en excepción e idóneos por adherir a los paros.
Durante el congreso, ADOSAC también fijó posición sobre otros temas vinculados al sistema educativo y la situación provincial. El gremio manifestó su rechazo a cualquier intento de endeudamiento estatal y reclamó que los recursos públicos provengan de las regalías de empresas mineras y petroleras.
En materia de infraestructura, exigieron una inversión urgente para mejorar los edificios escolares, especialmente en sistemas de calefacción y obras inconclusas. Además, reclamaron el normal funcionamiento de la Caja de Servicios Sociales para garantizar el acceso a prestaciones médicas, medicamentos y estudios de laboratorio.
Finalmente, el sindicato rechazó el Acuerdo 717/26 aprobado por el CPE, al considerar que fue implementado de manera unilateral y sin consulta a la comunidad educativa.
