Amir Navarro
El abogado laboralista León Obregón, representante legal del Sindicato de Obreros y Empleados Municipales (SOEM) de Río Turbio, brindó detalles sobre la sentencia judicial que condena a la Municipalidad de Río Turbio a transferir más de 120 millones de pesos correspondientes a aportes sindicales que fueron descontados de los salarios de los trabajadores afiliados, pero que nunca llegaron a las cuentas del gremio.
En diálogo con FM El Portal, el profesional explicó que el conflicto comenzó cuando la conducción del sindicato advirtió que, desde mayo de 2025, el Ejecutivo Municipal retenía los aportes sindicales, pero no los depositaba en la cuenta bancaria del SOEM.
"Lo primero que explicamos es que toda retención que se le hace al trabajador debe ser derivada al organismo correspondiente. Si se descuenta para jubilación, obra social o sindicato, ese dinero tiene que ser transferido. Lo que ocurría era que el SOEM no recibía los aportes de sus afiliados", sostuvo Obregón.
El letrado remarcó que esta situación afectó seriamente el funcionamiento de la organización sindical, ya que los recursos provenientes de las cuotas de los afiliados son fundamentales para sostener la actividad cotidiana del gremio: "El sindicato funciona con los fondos de sus afiliados. Con esos recursos se pagan servicios, asesoramiento legal, contable y todas las gestiones que realiza la entidad. Al no recibir ese dinero, se compromete el funcionamiento mismo del sindicato", señaló.
Agotadas las instancias de diálogo
Según explicó Obregón, antes de iniciar la demanda judicial se intentó resolver el conflicto mediante notas formales, intimaciones y negociaciones con el Ejecutivo Municipal: "Se buscó llegar a un acuerdo, incluso contemplando la posibilidad de regularizar la deuda mediante pagos parciales. Pero lamentablemente no hubo respuesta favorable y se agotaron todas las instancias administrativas", indicó.
Frente a esa situación, el SOEM decidió acudir a la Justicia Laboral, que finalmente dictó sentencia ordenando al municipio transferir los aportes retenidos entre mayo y diciembre del año pasado, más los intereses correspondientes.
No obstante, el abogado aclaró que la irregularidad no terminó allí: "La deuda reconocida judicialmente comprende hasta diciembre de 2025, pero esta situación continúa vigente. Si no se regulariza, habrá que iniciar nuevos reclamos por los meses posteriores", advirtió.
Cinco días para cumplir o apelar
Respecto de los pasos que siguen tras la resolución judicial, Obregón explicó que la Municipalidad dispone de cinco días hábiles para cumplir voluntariamente con el pago o bien presentar un recurso de apelación ante la Cámara de Apelaciones de Río Gallegos.
"Esperamos que se regularice esta situación porque, si el municipio decide apelar, lo único que hará será dilatar el proceso y seguir generando intereses, incrementando una deuda que finalmente terminará pagando toda la comunidad con recursos públicos", afirmó.
El abogado consideró que este tipo de conflictos deberían resolverse mediante el diálogo institucional: "La ley prevé mecanismos de negociación colectiva y de buena fe. No debería ser necesario llegar a la Justicia para reclamar algo tan básico como que el dinero descontado al trabajador llegue al destino que ese mismo trabajador eligió", expresó.
Durante la entrevista también remarcó que los fondos retenidos no pertenecen al municipio: "El trabajador decide afiliarse al sindicato y autoriza ese descuento. Si el empleador retiene ese dinero y no lo transfiere, está disponiendo de recursos ajenos para otros fines. Eso constituye una retención indebida y, tratándose de un empleador público, la gravedad es aún mayor", manifestó.
La preocupación también alcanza a la obra social
Consultado por una situación similar denunciada por trabajadores municipales respecto a los aportes destinados a la Caja de Servicios Sociales y a la Caja de Previsión Social, Obregón reconoció que el problema presenta características similares.
Explicó que numerosos empleados descubren que, pese a tener los descuentos reflejados en sus recibos de sueldo, no cuentan con cobertura médica porque esos fondos tampoco habrían sido derivados a la obra social: "Muchos trabajadores llegan a la obra social con el recibo donde figura el descuento y allí les informan que nunca recibieron esos aportes. En el medio queda el trabajador, que no tiene acceso a las prestaciones médicas a pesar de que el dinero fue descontado de su salario", sostuvo.
Si bien aclaró que el procedimiento judicial para reclamar esos aportes corresponde principalmente a la propia obra social o, en algunos casos, a cada trabajador de manera individual, aseguró que desde el SOEM vienen planteando esta problemática en las mesas paritarias y ámbitos de negociación: "Lamentablemente todavía no hemos encontrado una solución. Esperamos que el diálogo permita resolverlo, pero si el conflicto continúa escalando, la vía judicial también será una alternativa", concluyó.
