Amir Navarro
Luego de que el Sindicato de Obreros y Empleados Municipales (SOEM) informara públicamente que la Justicia había ordenado a la Municipalidad de Río Turbio a devolver más de 120 millones de pesos correspondientes a retenciones de la cuota sindical, el abogado de la comuna, Juan Litvachkes, salió a aclarar la situación y sostuvo que esa interpretación "no se corresponde con la realidad procesal".
En diálogo con FM El Portal, el letrado afirmó que la información difundida por el sindicato fue "inexacta" y explicó que la resolución judicial citada por el gremio únicamente dio inicio al proceso de ejecución, sin que exista una sentencia firme que obligue al pago inmediato de la suma reclamada.
"El gremio hablaba de una obligación inmediata de la Municipalidad de Río Turbio de devolver una supuesta suma bastante grande de dinero. Utilizaban como fundamento el punto uno del fallo, que dispone llevar adelante la ejecución, pero omitieron mencionar que la misma resolución otorgaba cinco días hábiles para que la Municipalidad ejerciera su derecho de defensa", señaló.
Litvachkes confirmó que el Ejecutivo municipal presentó esa defensa dentro del plazo establecido y que el escrito fue acompañado por documentación destinada a demostrar que el monto reclamado no refleja la situación real.
Según explicó, uno de los principales cuestionamientos apunta al certificado de deuda presentado por el sindicato: "Entendemos que ese certificado no corresponde con la realidad. Su elaboración debe respetar determinados requisitos previstos por la normativa nacional y, desde nuestra visión, eso no ocurrió. Además, se jugaron mucho con los intereses y pareciera que hubo más intención de llegar a un número que impactara mediáticamente que de reflejar la deuda real", manifestó.
El abogado también aseguró que la Municipalidad presentó comprobantes de transferencias bancarias y otra documentación que demostraría que parte de los períodos reclamados ya fueron abonados o compensados: "Le mostramos a la Justicia que durante el período reclamado hubo pagos realizados por la Municipalidad e incluso aceptados por el sindicato. Será la jueza quien analice esa prueba y determine cuál es la situación real", indicó.
En ese sentido, aclaró que el monto de más de 120 millones de pesos difundido por el SOEM está siendo discutido judicialmente y que aún no existe una resolución definitiva que confirme esa cifra. Respecto a los próximos pasos, Litvachkes explicó que ahora será el sindicato quien deberá responder la presentación realizada por la Municipalidad. Posteriormente, la jueza analizará la documentación incorporada al expediente y resolverá si corresponde producir nuevas pruebas, solicitar informes o dictar sentencia.
Asimismo, advirtió que cualquiera de las partes podrá apelar una eventual decisión de primera instancia ante la Cámara Civil y Comercial, por lo que estimó que el proceso demandará varios meses más: "Esto va a ser bastante más largo de lo que el gremio estimaba. Primero deberá resolverse en primera instancia y, seguramente, quien no resulte favorecido recurrirá a la Cámara", sostuvo.
Aunque evitó fijar plazos precisos, señaló que el juzgado viene trabajando con normalidad y estimó que podría haber una resolución de primera instancia en un plazo aproximado de dos meses, teniendo en cuenta además la próxima feria judicial de invierno.
Más allá del proceso judicial, el representante legal del municipio aseguró que el intendente Darío Menna mantiene la decisión política de intentar resolver la controversia mediante el diálogo: "Las instrucciones del intendente son seguir hablando estos temas con el sindicato y tratar de llegar a un acuerdo mostrando los números de ambas partes para encontrar dónde están las diferencias. Ese es el espíritu de este gobierno municipal", expresó.
Finalmente, Litvachkes remarcó que, aunque actualmente las conversaciones directas entre los abogados se encuentran limitadas por cuestiones procesales, la predisposición del Ejecutivo para alcanzar una solución continúa vigente: "Ya sea dentro del ámbito judicial o por una vía extrajudicial, las puertas van a seguir abiertas. Esa es la instrucción que tenemos y así lo hemos manifestado públicamente", concluyó.
