Para el letrado “este es un pedido abstracto y una acción del Concejo Deliberante que busca desestabilizar el ejecutivo municipal”. Pero el abogado aún se animó a más;  “esto es anti democrático, es un acto político y arbitrario”. “Los concejales permanentemente están hablando de la suspensión, expulsión, o remoción”, remarcó.

Muriete explicó que en caso de que un intendente comenta faltas graves hay tres elementos jurídicos que sientan las bases de cómo actuar: La Ley 55, la Constitución Provincial y la Ley de Proceso Contencioso Administrativo. “En este  caso hay un conflicto de poderes y el mecanismo correcto es elevar denuncia al tribunal superior de justicia y que todo se dirima en esa instancia”

Profundizando aún más, el legista explicó por qué la determinación de los concejales de 28 es ilegal. “Si hay faltas muy graves del intendente, lo que pueden pedir mediante Ley 55 es una destitución. Esos son los mecanismos, pero esta suspensión no existe es arbitraria e inventada por ellos. Solo existe como un acto anti democrático y desestabilizador”, volvió a sentenciar.

Por otra parte desmintió las denuncias o imputaciones hacia Fernando Españon y detalló que "solo hay una investigación por unos documentos en el Concejo Deliberante relacionados a un concejal. Y luego hay otra causa por una situación de usurpación de una vivienda cuando aún no era intendente".

Carlos Muriete expresó: “Hay una ignorancia, un desconocimiento del derecho y el intendente no tiene por qué acatar órdenes ilegales”, remarcando que Españon puede hacer uso de sus funciones normalmente.

Por último, calificó de forma contundente: “El que asesoró a los concejales que vaya a estudiar derecho, después podemos tener un debate de algo en serio. No le vamos a dar entidad a algo ilegal y que solo busca desestabilizar la democracia”.