Tal como se informó esta semana, el  Doctor Luis Yance, titular de la Cámara Criminal 1° Circunscripción, solicitó a la Cámara de Diputados de Santa Cruz que se avance en el desafuero del legislador provincial Fernando Españón, en el marco de las causas que lo investigan por abuso de autoridad y abuso sexual simple. 

En este contexto, TiempoSur se comunicó con su abogado defensor, el Dr. Sandro Levin, quien además de fundamentar parte de la defensa de Españón, no dejó pasar la oportunidad para criticar el accionar de la justicia de Santa Cruz.  

En primer término se refirió al causa N° 8516/24 “ESPAÑON OMAR FERNANDO S/ABUSO SEXUAL SIMPLE (3 HECHOS) BAJO LA MODALIDAD DE ABUSO SEXUAL COACTIVO 0 INTIMIDATORIO DE UNA RELACIÓN DE DEPENDENCIA”, donde llamó a “tener mucho cuidado y prudencia cuando se habla este tipo de denuncia, ya hemos visto una monton de falsas denuncia y muchas gente condenada por este delito siendo inocente. Hay que ser prudente cuando se habla de estas cosas, muchos opinan y no saben de qué se trata el expediente”.

Sólo expresó ante esta denuncia que “fue una causa en escalada, donde primero fue por un tema de persecucion laboral, denunciando por redes sociales; despues acoso laboral, y posteriormente abuso sexual. Denuncias de las cuales nos enteramos por los medios de comunicación como pasa ahora con este pedido de desafuero. Es una causa plagada de nulidades, que no respetó el derecho a la defensa, donde se han hecho pericias sin notificaciones, puntos que nosotros planteamos y nunca hicieron lugar”. 

En torno a la causa caratulada N° 8357/24 “ESPAÑON FERNANDO S/ABUSO DE AUTORIDAD”, Levin entiende que ha existido “una persecución política desde que Españon fue intendente en 28 de Noviembre, persecución que empezó sufriendo esto fue el doctor Carlos Muriete, por parte de una la Jueza betina Bustos, quien está bajo un manto de impunidad, como tanto otros jueces de la provincia”.

Respecto a la denuncia, y en defensa de Españón comentó que “una de las denuncias se trata de una persona que no pudo ingresar a la 28 de Noviembre, por estar en época donde había un Comité Operativo de Emergencia, en el marco del coronavirus,  que decidió sobre su caso, pero adjudica el abuso de autoridad a Españón, cuando ese comité se nutría por la experiencia y el  conocimiento de e profesionales”.

Asimismo, continuó: “Otra causa tiene que ver con la situación de un Centro Integrador, el cual trabaja con fondos de Nación y en su momento del doctor Muriete recurso a la doctora Bustos porque no podía intervenir en un espacio que funcionaba bajo la órbita de Naciòn. Desde la defensa seguimos con el trabajo que realizó Muriete, y lo llamativo es que en su momento la justicia de Río Turbio intervino el Centro Integrador para que de asistencia social, en una clara violacion de la división de poderes, pero además la jueza  le ordena a Españón que le provea una camioneta, la cual terminaron volcando. Esto es responsabilidad de la justicia y el Tribunal Superior de Justicia debería reponer a  la municipalidad. Con esta causa fuimos a la justicia federal”. 

Por último, Levin opinó: “Se está terminando la impunidad de la justicia de Santa Cruz y nos tenemos que acostumbrar, más en épocas de elecciones, a este tipo de situaciones. Está en riesgo la institucionalidad de la justicia, se está tocando el estado de confort que tienen los jueces”.

Además, recordó que “son causas que se dan justo en un marco de disputa política por la presidencia del Consejo de la Magistratura, esto debe llamarnos la atención. Los jueces de Santa Cruz, la mayoría, no todos, han estado en un estado de confort e impunidad. Hay jueces buenos en Santa Cruz, pero muchos en estado de confort ven se pone en peligro y suceden estas cosas. La solución ante la gravedad, es pedir una intervención federal al Tribunal Superior de Justicia”.

Fuente: Tiempo Sur.