Amir Navarro
El abogado laboralista, doctor León Obregón, hizo referencia en el programa radial “El Diario de la Mañana” a la situación jurídica que afronta la empresa Carboeléctrica Río Turbio Sociedad Anónima, figura que adoptó la ex YCRT este lunes mediante el decreto N° 115/2025.
En diálogo con FM El Portal, el doctor Obregón manifestó que la empresa que conocíamos pasa a estar sujetada a la Ley N° 19550, que trata sobre las sociedades comerciales: “Es decir, ahora se va a manejar como una empresa privada. Si bien el estado va a tener que mantener como mínimo el 51% de esas acciones, cambian las reglas de juego, por así decirlo, y va a haber mayor flexibilidad en la gestión de la misma”, explicó.
“Van a haber cambios en lo que va a ser el régimen laboral, que ahora pasa a ser de uno público a uno íntegramente privado, hay varios impactos en lo que es a nivel interno y externo de la empresa. El decreto fija un plazo de 180 días para regularizar ciertas cuestiones, especialmente las que tienen que ver con el régimen laboral, el derecho de los trabajadores, condiciones de trabajo”, afirmó.
Asimismo, dijo que, técnicamente, los derechos adquiridos no se deberían tocar: “En la práctica, al estar ahora íntegramente bajo la ley de contrato de trabajo, bajo el derecho privado, los trabajadores pueden ser despedidos con una indemnización, lo que antes no era posible en el régimen estatal, en donde se le tiene que iniciar un sumario al empleado público”, expuso.
“Hoy, como está vigente este decreto, lo que sí podemos afirmar es que los trabajadores han perdido la estabilidad propia que se conoce del empleado público. Ahora podrían ser, por ejemplo, despedidos pagándole una indemnización, pero esto antes no pasaba con el régimen estatal. Este es el cambio más importante que trae el decreto”, subrayó.
Asimismo, aclaró: “Si bien el decreto dice que se va a respetar la antigüedad, la remuneración, la categoría laboral y la cobertura social, al perder la estabilidad propia eso no sirve de nada si un trabajador puede ser despedido arbitrariamente conforme lo decida la empresa. Ayer el interventor Pablo Gordillo dijo que no habrán despidos”.
“Destacamos que el Estado tiene que mantener, al menos, el 51%. Es decir que el Estado podría ser siempre el dueño total de la empresa bajo esta denominación, no es que se privatizó la empresa, se convirtió en una sociedad anónima, cambiaron las reglas de juego para la empresa frente a terceros, frente a la sociedad, como para los trabajadores de la empresa, pero todavía no se privatizó, es el paso previo a poder hacer eso”, recalcó.
