La normativa exige a los visitantes contratar un seguro internacional de salud —que contemple hospitalización, emergencias y repatriación—, y completar una declaración jurada electrónica con al menos 48 horas de anticipación, detallando el motivo del viaje. El incumplimiento puede derivar en la “expulsión inmediata” o la negativa de ingreso en frontera.
Los intendentes de la Cuenca consideraron que la medida no sólo es arbitraria e inconsulta, sino que “daña profundamente el entramado social, económico y cultural que une a la Patagonia argentina con la chilena”.
“Hace años que trabajamos por la integración regional. Esta decisión tira por la borda el esfuerzo colectivo de nuestras comunidades, que construyeron puentes reales entre pueblos hermanos”, sostuvo Darío Menna, remarcando que Río Turbio y 28 de Noviembre mantienen vínculos históricos con localidades como Puerto Natales y Punta Arenas.
Por su parte, Aldo Aravena advirtió que el impacto será directo sobre los sectores productivos: “Esto no es una cuestión burocrática. Es una barrera que afecta al turismo, a los emprendedores, al transporte, a la gastronomía. Nadie nos consultó. Y nos están dejando solos”.
Ambos jefes comunales firmaron una nota conjunta en la que calificaron la decisión como “una expresión de autoritarismo centralista que legisla desde Buenos Aires sin tener en cuenta la realidad de los pueblos del interior”.
Desde la Cuenca, insisten en que la soberanía también se construye desde el respeto a las identidades regionales y al trabajo conjunto con los países vecinos. Por eso, llamaron a revisar la medida de forma urgente, y a abrir canales de diálogo.
“No debemos permitir que nos impongan normas que empobrecen a nuestra gente y destruyen lo que tanto costó construir”, concluyeron Menna y Aravena.
