El abogado laboralista León Obregón brindó detalles sobre la situación legal que atraviesa Yacimiento Carbonífero Río Turbio (YCRT), tras la contestación formal de la empresa a la demanda judicial presentada por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), que cuestiona la constitucionalidad del decreto 115 del presidente Javier Milei, el cual impulsa la transformación de YCRT en una sociedad anónima bajo el nombre de Carboeléctrica Río Turbio.

En diálogo con FM El Portal, Obregón explicó que la empresa estatal respondió el reclamo judicial “defendiendo la constitucionalidad del decreto presidencial”, en línea con la postura del actual Gobierno Nacional. A su vez, solicitó que la causa pase del fuero laboral al fuero contencioso-administrativo federal, algo que desde ATE rechazan de manera enfática.

“El derecho del trabajo reconoce que existe una desigualdad entre los trabajadores y los empleadores, por eso los reclamos deben ser tratados desde una perspectiva protectoria. Si el caso pasa a la justicia contencioso-administrativa, perderíamos esa mirada específica que protege a los trabajadores”, sostuvo Obregón.

El decreto en cuestión fue impugnado judicialmente por ATE, bajo el argumento de que vulnera derechos adquiridos y convencionales de los trabajadores de YCRT. La demanda actualmente se encuentra a la espera de que el juez resuelva si continúa en la justicia laboral o cambia de fuero.

Obregón recordó otros fallos favorables a ATE, como la inconstitucionalidad declarada de decretos que limitaban el derecho a huelga o eliminaban el descanso del Día del Empleado Público Nacional, y expresó que esperan un fallo similar en este caso.

“El decreto pone en riesgo la estabilidad del empleo público y busca reemplazar el convenio colectivo vigente por uno nuevo. Nuestra postura es clara: el convenio colectivo actual (N°75) sigue en plena vigencia hasta que no se firme voluntariamente otro”, afirmó.

El abogado también apuntó a la confusión institucional que impera sobre la figura jurídica actual de la empresa. Si bien el decreto 115 establece la creación de Carboeléctrica Río Turbio S.A., desde la propia intervención se ha afirmado que ese proceso aún no se ha concretado plenamente.

“No queda claro si la empresa es YCRT o Carboeléctrica. Incluso hay organismos judiciales que ya remiten notificaciones con la nueva denominación. Hay contradicciones que deben aclarar los propios funcionarios”, advirtió.

Otro punto que genera debate entre los trabajadores es el anuncio informal sobre la posible entrega del 10% de las acciones de la futura empresa a los empleados, en el marco de un programa de propiedad participada.

Obregón fue contundente: “Lo tratamos con mucha cautela. En los ‘90 este mecanismo se usó para disfrazar vaciamientos y precarización. Si va a haber participación, debe haber reglas claras, transparencia y control de organismos como la Comisión Nacional de Valores”.

Por último, el abogado resaltó que, pese a la falta de certezas y mejoras en las condiciones laborales, los trabajadores de YCRT siguen sacando carbón, y pidió definiciones concretas sobre su destino.

“¿Se va a vender ese carbón? ¿Se va a poner en marcha la usina para generar energía? ¿O nos van a volver a hablar del déficit para justificar un cierre? Los trabajadores cumplen, ahora la responsabilidad es del Estado y los funcionarios”, cerró Obregón.