
Carlos Godoy cuestionó el pedido de endeudamiento provincial y reclamó mayor transparencia
Amir Navarro
El diputado por pueblo de Río Turbio, Carlos Godoy, expresó fuertes críticas al proyecto de endeudamiento impulsado por el Gobierno de Santa Cruz por hasta 600 millones de dólares, y advirtió sobre la falta de precisiones respecto al destino de los fondos y las garantías comprometidas.
En diálogo con FM El Portal, Godoy sostuvo que desde su bloque vienen reclamando explicaciones sobre el uso de recursos anteriores, como los fondos del retiro de YPF y el Fondo Unirse. Según indicó, el Ejecutivo provincial “perdió credibilidad” debido a obras anunciadas que aún no se concretaron, entre ellas proyectos destinados a Río Turbio.
El legislador señaló que el endeudamiento en dólares “es recontra peligroso” en el actual contexto económico nacional, advirtiendo sobre una posible devaluación futura que podría comprometer a la provincia “por generaciones”. Además, cuestionó que el proyecto no especifica claramente el destino de los recursos y mencionó que se utilizarían regalías petroleras como garantía.
Godoy también se refirió a la situación económica y social de la provincia, remarcando la pérdida del poder adquisitivo, la crisis salarial y el impacto del aumento de tarifas. En ese sentido, sostuvo que “la agenda de la gente pasa por las paritarias y la situación económica”, y criticó la ampliación del Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz al considerar que no era una prioridad para la sociedad.
Durante la entrevista, el diputado respaldó además los reclamos de jubilados y vecinos de la Cuenca Carbonífera por la falta de medicamentos y las dificultades en la cobertura de la Caja de Servicios Sociales y PAMI. Confirmó que esperan una reunión con funcionarios provinciales para buscar soluciones urgentes.
Por otra parte, Godoy volvió a cuestionar el funcionamiento de Santa Cruz Puede S.A.U., la sociedad anónima unipersonal creada por el Gobierno provincial. Aseguró que se trata de “un esquema poco claro”, pidió nuevamente su derogación y reclamó mayor información sobre contratos, financiamiento y utilización de recursos estatales. También advirtió sobre posibles desigualdades salariales dentro de la estructura de la empresa y sostuvo que muchas de las tareas podrían realizarse directamente desde los ministerios provinciales.



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